P. Propiedad intelectual, derechos de autor y desarrollo tecnológico ¿son irreconciliables?
R. Naturalmente que no, de hecho la historia del derecho del derecho de autor es la de su progresiva adaptación a los cambios tecnológicos. Las TIC han creado una brecha en la estructura tradicional de los derechos de autor, al otorgar mayores posibilidades de acceso y poner en riesgo la tutela de los titulares de derechos, pero al mismo tiempo suponen una gran oportunidad para los titulares de derechos mediante el desarrollo de nuevos modelos de negocio y con la posibilidad de difundir las obras en régimen de acceso abierto buscando un número mayor de destinatarios. La conciliación es difícil, pero posible y en todo caso necesaria.
P. En España, usted diría que cada día que pasa ¿se acercan o crece la distancia entre ellos?
R. Cada día que pasa crece la distancia, por la desidia de nuestros gobernantes y legisladores, que piensan más en la posible pérdida de votos que en la protección de la propiedad intelectual como fuente de creación cultural y como parte relevante del mercado moderno. Los parches legislativos no solucionan problemas; falta una visión estratégica a medio plazo.
P. ¿Por qué la tecnología ha dinamitado tan rápidamente un concepto arraigado en la sociedad durante muchísimos años?
R. Por las facilidades que la tecnología aporta a los usuarios, que se acostumbran a usar contenidos sin pensar en autores, intérpretes, editores y productores; por la tolerancia social y en ocasiones judicial de comportamientos infractores; por la necedad de los gobernantes y legisladores que se olvidan de tutelar un sector estratégico en la sociedad de la información y economía del conocimiento; por la falta de conciencia y educación al respecto entre amplias capas de la sociedad; por la lentitud de los procesos de revisión legislativa.
P. ¿Ha llegado el momento de redefinir el concepto de propiedad intelectual, derechos de autor, derechos patrimoniales..?
R. Por supuesto. Es fundamental tener en cuenta las posibilidades actuales de acceso y transmisión masiva de contenidos, la elevada competitividad que las TIC generan en el sector provocando la creación de productos y servicios que aportan valor añadido a la sociedad y que necesitan acceder en condiciones razonables a contenidos protegidos. Es preciso lograr un equilibrio entre tutela de la propiedad intelectual y acceso razonable a los contenidos protegidos; para ello conviene revisar los límites o excepciones a los derechos exclusivos del autor y de editores y productores, ampliando el catálogo de límites y estableciendo remuneraciones o compensaciones equitativas y más sistemas de gestión colectiva obligatoria por entidades de gestión sectoriales, a tarifas razonables controladas por la Administración o, en todo caso, sujetas a la revisión de las autoridades de competencia. De esta manera se favorecería el acceso a competidores en el sector de la prensa (press clipping, press linking), a la reedición de obras huérfanas olvidadas, la revitalización de bibliotecas y archivos mediante la puesta a disposición de contenidos en intranets, el intercambio de imágenes en televisión, nuevos modelos de negocio en red mediante acceso en streaming, la utilización de obra científica o de otra naturaleza en campus virtuales universitarios, etc. Y todo ello mediante la gestión obligatoria de entidades de gestión, que están obligadas a conceder licencias en condiciones razonables. De esta forma, se produciría una mayor competencia en los distintos sectores culturales y de la información que progresivamente forzaría una abundancia de contenidos, de servicios relacionados con los mismos, y una paulatina reducción de precios.
P. ¿Hay que seguir exigiendo el cumplimiento de los derechos tal y como están actualmente concebidos?
R. Es necesario adaptar puntualmente los derechos a las nuevas prácticas que las TIC van creando y consolidando; pero eso no significa una derogación ni una modificación sustancial de los derechos, sino la necesidad de buscar un equilibrio entre derechos y límites, entre gestión individual y colectiva (imprescindible en la gestión razonable de los distintos sectores que conforman la propiedad intelectual); e incluso buscando nuevas fórmulas para favorecer el acceso a contenidos en casos donde haya riesgo de bloqueo a prestaciones fundamentales sobre las que pueden gravitar informaciones básicas o servicios importantes para los usuarios, así como la propia competencia del sector: es el caso de posibles licencias obligatorias sobre bases de datos y programas de ordenador.
P. España entra y sale de la lista de países piratas, que elabora Estados Unidos ¿En que se basa ese ranking?
R. Es una medida de presión (bajo la amenaza de medidas comerciales) que se elabora desde el departamento de comercio USA, a la vista de los índices de descargas ilegales desde esos países y de déficits de regulación para atajar estos comportamientos. Por eso nació la Ley Sinde-Wert, cuya eficacia es mínima; y por eso el Gobierno a propuesta una nueva reforma de la LPI para reforzar la eficacia de ese procedimiento administrativo para combatir determinadas prácticas.
P. Nuestro país lleva ya algunos años intentando regular la propiedad intelectual y los derechos de autor en Internet y parece que no avanzamos.
R. Claro que se avanza, pues las reformas son sucesivas, aunque más lentas de lo que cabría esperar para ser eficaces. El problema está en la defectuosa regulación. Las leyes que van saliendo son auténticos parches, de muy escasa calidad jurídica, lo cual determina su falta de eficacia. Siempre salen tarde y mal, quedando obsoletas al poco tiempo. Es necesario tomar medidas más claras, pero son impopulares y de ahí la reticencia “política” para coger el toro por los cuernos. No se dan cuenta que cabe reforzar la tutela de derechos al tiempo que se puede buscar un equilibrio a través de límites con remuneraciones equitativas asociadas a los mismos y gestión colectiva eficaz y transparente. Ganarían los autores, editores y productores, ganarían los competidores, ganarían los usuarios, la seguridad jurídica y, a la postre, el interés general.
P. ¿Considera que las organizaciones que gestionan los derechos de autor en España han desarrollado, en los últimos años, una estrategia acertada de defensa de estos derechos?
R. Hacen lo que pueden, explotando las posibilidades que la Ley les concede, por mucho que puedan resultar impopulares. Más aún si nuestro Gobierno finiquita la compensación equitativa por copia privada, detrayendo importantes ingresos a las entidades y, por ende, a los autores, intérpretes, editores y productores. Otra cosa son posibles excesos de celo en la exigencia y cobro de derechos de autor. Pero nuevamente la responsabilidad última es de la desidia del ejecutivo y del legislador, que podría definir mejor los límites a los derechos y establecer sistemas de remuneración equitativa que facilitan el acceso, aseguran unos ingresos a entidades y titulares y favorecen la competencia y crecimiento del sector.
P. ¿Ha sido similar a la de otros países?
R. Otros países se toman muy en serio la propiedad intelectual, y llevan a cabo reformas mucho más frecuentes y ágiles para adaptarse a la evolución del sector, atajando prácticas perturbadoras y poniendo las bases para favorecer el acceso mediante nuevas prácticas consolidadas por las nuevas tecnologías. No obstante, sería deseable que el proceso se abordarse de forma uniforme desde las instituciones comunitarias, pues la red es global y los problemas son comunes en toda Europa.
P. ¿Qué futuro les augura a las organizaciones que gestionan los derechos de autor en España?
R. Por el momento muy gris, máxime tras los últimos movimientos y propuestas legislativas, destruyendo prácticamente la compensación equitativa por copia privada, limitando márgenes de actuación a algunas entidades, no favoreciendo su intervención en la gestión de nuevos modelos de negocio o de actividades de acceso por instituciones educativas, bibliotecas, etc. Es una falta de visión terrible de nuestros políticos que parecen pensar en el impacto electoral de sus medidas (incluso a medio plazo) que en la necesidad de regular adecuadamente un sector imprescindible en el desarrollo de la sociedad de la información y del mercado global de contenidos. No se dan cuenta de que las entidades de gestión son imprescindibles para gestionar los usos secundarios de derechos de propiedad intelectual (cada vez más numerosos); de que pueden favorecer el acceso a contenidos a competidores y así potenciar nuevos modelos de negocio con un retorno económico para los titulares de derechos; o de que crear competencia entre entidades de un mismo sector complicaría mucho la gestión, al aumentar los costes de transacción y la inseguridad jurídica. Otra cosa es depurar ciertas prácticas, exigir máxima transparencia, etc, y para eso la Comisión Europea está preparando desde hace tiempo una Directiva que abunda en la transparencia y control de entidades.
